Cuando se cumplen dos años de aquel día brutal, los atentados del 11 de marzo en Madrid nos dejan, por encima de cualquier otra consideración, la consecuencia más amarga: 192 personas asesinadas, centenares de heridos y miles de personas afectadas por todo ello. Son las víctimas, que en el caso del 11-M se extienden en un radio de acción del dolor de dimensiones como nunca antes habíamos conocido.

Víctimas de la violencia que, como a todas, se les debe la atención necesaria para hacer el tránsito de su tragedia; como al resto de víctimas les debemos la dignidad en el reconocimiento de su dolor; víctimas que merecen RESPETO con mayúsculas.

Y dos años después el balance deja mucho que desear; pero tampoco sería justo culpar al conjunto de la sociedad de la falta de respeto, del drama añadido que dos años después viven las víctimas del 11 de marzo.

Todo empezó en el momento inmediatamente posterior a los atentados: La versión interesada -electoralmente interesada- del Gobierno del Partido Popular en torno a la autoría del atentado no sólo nos indignó al conjunto de la sociedad. Hay que recordar que víctimas y familiares vivieron con tal rabia añadida al dolor aquellas horas de tergiversación que el 14 de marzo acudieron a votar. Hubo quien lo hizo después de enterrar a un hijo.

Iniciada la legislatura, se procedió a una doble investigación de los atentados: la investigación judicial, que hoy continúa en la Audiencia Nacional, y la investigación política en el Congreso de los Diputados.

¿Cuál era el objeto de esta última? Un objeto doble y bien claro: por un lado encontrar los fallos en la red de seguridad que permitieron que con medios precarios se llevara a cabo una masacre de estas dimensiones.

Por otro, establecer las responsabilidades políticas de un Gobierno que se empecinó en mirar hacia otro lado.

Y aquí comenzó la segunda e igualmente inaceptable ofensa a las víctimas, una ofensa que hoy continúa: buscar las conexiones del terrorismo de corte islamista con ETA y llegar a la conclusión de la doble autoría.

¿Quién está interesado en seguir por esta vía? Sólo quien insiste en exculpar al Gobierno Aznar de la gran mentira urdida entre el 11 y el 14 de marzo de 2004.

A lo largo de 7 meses, decenas y decenas de expertos policiales, judiciales y en asuntos islamistas declararon ante la comisión. Todos ellos fueron preguntados sobre las posibles conexiones ETA-terrorismo de corte islamista, y la respuesta fue la misma: no. Nombres tan poco sospechosos de nadie sabe qué tramas ideadas "no en desiertos lejanos, sino en montes cercanos" (Aznar dixit ) como Garzón, Dezcallar -director del CNI con Aznar-, García Valdivielso -director de la Guardia Civil con Aznar- fueron rotundos en negar la posible conexión: "Pero ¿a quién se le ocurre pensar eso?", respondió literalmente Dezcallar. Y sólo dos comparecientes confirmaron la probabilidad de la tesis: Díaz de Mera -jefe de la Policía Nacional y hoy eurodiputado del PP- y Fungairiño -entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional-, y quien en la misma sesión aseguró haberse enterado, cuatro meses después, de la existencia de una de las pruebas principales. Sin comentarios.

El intento fallido de los comisionados del PP por dar ese giro a las investigaciones fue seguido con polémicas tácticas que es difícil olvidar: el intento de llevar ante la comisión a confidentes policiales encarcelados que, tras haber declarado por supuesto ante el juez, poco o nada podían aportar más allá de lo que su instinto de supervivencia dictara; los regates para evitar la comparecencia de Aznar; las maniobras dilatorias para no cerrar la comisión y no llegar así a las conclusiones… Un rosario de intentos por desviar el objeto real de nuestro trabajo con acompañamiento de coro y orquesta mediático que cada semana avisaba de un peligro inminente para, a la siguiente, buscar uno nuevo.

Parecía difícil que se pudiese superar el listón de las incongruencias, pero se pudo.

El listado de personas que comparecerían ante la comisión se cerró el mes de junio, a expensas de los cambios que se hicieran necesarios al hilo de los trabajos.

La presencia de un representante de las víctimas del 11 de marzo estaba acordado por tanto desde aquel final de junio. Un miembro de las Asociación de Víctimas 11-M, y todos estuvimos de acuerdo.

Pero ya en la recta final del trabajo, diciembre de 2004, conocimos que la Asociación había decidido hacer un relevo en su máxima representación: sería Pilar Manjón quien, por decisión de la Asociación, acudiría al Congreso de los Diputados.

Fue en ese mismo instante cuando los comisionados del Partido Popular pidieron la comparecencia de otra asociación, la AVT, para tener una representación "políticamente más equilibrada".

Hechos como éste no necesitan más valoración, hablan por sí solos sobre el concepto que del respeto a las víctimas tienen quienes necesitan equilibrios de este tipo.

Por lo demás, dos años después se miente cuando se pide que se reabra la investigación: la investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional. ¿O es que en esta espiral del sinsentido llegaremos a escuchar por boca del Partido Popular que desconfía de la Audiencia Nacional? La posibilidad, no me negarán, provoca la sonrisa… o el sonrojo, ¡ya no sé!

Lo que sí sé es que dos años después algunos también seguimos empeñados en pedir lo mismo: respeto para las víctimas, ¡para todas!