En estos momentos no hace falta mucho espacio para explicar quienes forman y quiénes son los que están detrás de organizaciones como Dignidad y Justicia, Manos Limpias o el Foro Ermua. Baste decir, de éstos últimos, que este pueblo ha solicitado mayoritariamente que dejen de utilizar a esta localidad para los fines que persiguen estos grupos y que Manos Limpias no tiene actividad sindical alguna y está liderado por conocidos ultraderechistas.

Surgieron en la era Aznar, a conveniencia del PP y para hacer lo que este partido no se atrevía a llevar a cabo. Es decir, para introducir en la Justicia determinados impulsos políticos, una vez que el Gobierno y los "populares" hubieran ocupado los órganos judiciales con jueces y magistrados del sector más conservador de la Judicatura. No hay más que mirar cómo están en estos momentos instituciones claves en cualquier sistema democrático como el Consejo General del Poder Judicial (más de un año en funciones) o el Tribunal Constitucional (bloqueado en su funcionamiento y escenario de una lucha partidista inédita entre el PSOE y el PP).

El encausamiento penal del Lehendakari hay que inscribirlo en estas circunstancias para entender que su existencia sólo es fruto de una nueva muestra del impulso político con el que actúan algunos jueces y magistrados. Cualquiera puede visitar la hemeroteca y rememorar cómo fueron nombrados algunos de los actuales miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, entre ellos su Presidente, Fernando Ruiz Piñeiro.

Partimos del hecho de que ETA declaró una tregua el 22 de marzo del año 2006, lo que generó un espacio de esperanza e ilusión por alcanzar la paz. El Congreso de los Diputados aprobó una declaración, con la única oposición del PP, en la que se apoyaba y defendía una salida dialogada a la violencia si ETA demostraba su clara voluntad de abandonar las armas. Estos acontecimientos dieron lugar a múltiples reuniones entre el Gobierno y ETA y entre el Gobierno y el Partido Socialista con Batasuna. En este contexto es en el que el Lehendakari se reúne con el conjunto de las formaciones políticas del País Vasco, incluida la propia Batasuna. No pareció nada anormal, máxime si tenemos en cuenta que con esta formación e, incluso con ETA, se estaba reuniendo el Gobierno de Zapatero y el PSOE.

El encuentro del Lehendakari con Batasuna fue público y notorio y anunciado previamente. El Tribunal Supremo que ilegalizó a esta formación en ningún momento advirtió al Lehendakari que aquella reunión constituyera un delito de desobediencia. Luego difícilmente se puede desobedecer a alguien que en ningún momento te ha dicho que una determinada acción suponga una desobediencia a sus resoluciones.

El Sindicato ultraderechista Manos Limpias llevó a los tribunales al Presidente Zapatero, al Consejo de Ministros y al PSOE y, en paralelo, el Foro Ermua hizo lo propio con el Lehendakari. El Tribunal Supremo actuó con celeridad y archivó la querella contra el Gobierno Zapatero afirmando que estábamos ante una actuación política del Ejecutivo y que en un sistema democrático al Gobierno le controla el Congreso y no son los Tribunales de Justicia los encargados de revisar la acciones políticas de los gobiernos. La Audiencia Nacional ya había dejado establecido que la reunión que Patxi López y Arnaldo Otegi, junto con otros, habían mantenido no era constitutiva de delito alguno.

De nada han servido estas decisiones judiciales. Los magistrados del Tribunal de Justicia Vasco han seguido ajenos a todo pronunciamiento judicial con el procesamiento penal del Lehendakari por hablar con Batasuna. Es más, Aznar también habló con ETA y con Batasuna y nadie consideró nunca que se estuviera cometiendo un delito.

Si la Audiencia Nacional ha dicho que hablar con Batasuna no es delito. Si el Tribunal Supremo no ha dicho nunca que hablar con Batasuna sea delito, si el mismo tribunal ha dicho que reunirse con ETA o con Batasuna no es delito, si el Fiscal General del Estado dice que no hay delito. Si la Abogacía del Estado no interviene, ¿por qué se encausa al Lehendakari?

Si todos aceptamos que el diálogo político es un principio democrático a preservar y no una acción política a penalizar y que así está asumido además en la comunidad internacional, la respuesta de por qué el Lehendakari está acusado sólo puede tener una respuesta: Porque hablar y dialogar sólo puede ser un delito en mentes que manipulan el Derecho para aplicarlo torcido con fines exclusivamente políticos. Y la fotografía es bien elocuente: todos los partidos vascos, excepto el PP, estarán sentados en el banquillo.