Al finalizar este año la ciudadanía navarra se levantó con una noticia novedosa en relación con nuestra aportación económica anual al Estado. Y digo novedosa porque desde que tengo uso de razón nunca había visto a un consejero foral comparecer para, datos y estudio riguroso en mano, plantarse ante al Ministerio de Hacienda para decirle que tenemos otros números y que, como pagadores que somos, no vamos a adelantar 93 millones más de inicio.

¡Olé! Eso es bilateralidad.

Porque la bilateralidad a la que estábamos acostumbrados con los gobiernos de UPN era que la Hacienda estatal decía lo que había que pagar y el Gobierno Foral decía amén Jesús. Y esto no funciona así. Una bilateralidad bien entendida es negociar, llegar a un pacto, y después abonar si hay que hacerlo, o recibirlo si las cuentas nos han salido favorables.

Pero no, al Ministerio de Hacienda le parece oportuno que abonemos la totalidad de los 613 millones antes de negociar y que luego ya veremos. Y lo hace con la fórmula del quinquenio 2015-2019 que todavía no está negociada cuando para más inri estamos ya en 2017. No es casualidad, la actual fórmula es muy ventajosa para la Hacienda estatal, por lo que es lógico que no quieran mover un dedo. Lo que no es lógico es el seguidismo de UPN al PP en un asunto tan vital para nuestro futuro económico. Con 93 millones se puede pagar el mantenimiento de toda la red foral de carreteras o hacer tres edificios nuevos de urgencias y tres institutos.

Además, el consejero de Hacienda tiene que fiarse de un Montoro que todavía no ha abonado los 45 millones que nos deben del TAV, y de un PP que ha recurrido 17 leyes del Parlamento navarro de la que destaca aquella del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Dicha sentencia del Tribunal Constitucional sí que atacó los cimientos del Convenio, y no pagar de más si atendemos al estudio de los técnicos de la Hacienda Foral.

Aranburu, con un coraje político digno de alabanza, y apoyado por el Gobierno foral presidido por Uxue Barkos, ha dicho que no. Que no puede ser que los intereses de los navarros y navarras queden supeditados de esa forma. Vamos a más, si un gerente de una empresa pagara un sobrecoste a otra sin haber negociado antes sería automáticamente despedido. Pero si además dicho gerente no hubiera hecho un minucioso trabajo para calcular la cifra exacta de pago dudo mucho que cualquier otra empresa lo volviera a contratar.

Pues esto es lo que los anteriores gestores de UPN hicieron. O mejor dicho, no hicieron. No realizaron un estudio económico serio sobre la aportación al Estado y aceptaron sin rechistar la cifra que ponía Montoro. Es impresionante ver a los regionalistas despotricar de una reforma fiscal para luego ponerse del lado del PP en querer pagar 93 millones de las arcas forales sin negociación alguna. Impresionante o profundamente incoherente en un partido que dice defender el régimen foral y que acuñó el lema de navarrísimo en las pasadas elecciones forales.

Afortunadamente para los intereses de la ciudadanía hay hoy en el Palacio de Navarra un Ejecutivo que defiende sin complejos el autogobierno sobre el que se sustenta nuestro Estado del Bienestar.