La Vicepresidenta del grupo Parlamentario ALDE en el Parlamento europeo, Izaskun Bilbao Barandica ha solicitado oficialmente a la Comisión Europea que juzgue si las normas europeas que obligan a evaluar al personal que trabaja en zonas críticas para la seguridad aérea, pueden aplicarse con el grado de arbitrariedad y generar la indefensión que ha propiciado el despido del portavoz de ‘Kontuz!’ Patxi Zamora tras 31 años de trabajo en Iberia.

La eurodiputada jeltzale considera, en una denuncia que ha planteado ante el ejecutivo comunitario, que en este caso el afectado “ha sido víctima de una aplicación incorrecta de la legislación europea y sugiere que puede tratarse de una vendetta por la militancia política y social del afectado, quien fue candidato al Senado por la coalición electoral de Cambio-Aldaketa en Navarra”.

En su iniciativa Izaskun Bilbao Barandica repasa la andadura del expediente que acabó con el despido de Zamora y observa dos graves anomalías en el mismo. La primera, la rectificación de un primer informe favorable al afectado mediante “un escueto correo electrónico de dos líneas alegaba que la persona en cuestión está próxima a entornos potencialmente peligrosos para la seguridad aérea”. La segunda, es que la persona afectada, con tan exiguas explicaciones, no ha tenido la menor oportunidad de refutar esta valoración.

La lapidaria frase, una verdadera sentencia para el afectado no le permite conocer con precisión de qué se le acusa, en qué datos concretos se basa la evaluación y quienes los han recogido y los han considerado de la relevancia suficiente para emitir el veredicto. Un juicio de valor que sorprende más a la vista de que el afectado es “un trabajador de la compañía Iberia en Navarra que carece de antecedentes penales, policiales o expedientes laborales y que llevaba 31 años trabajando como tripulante de cabina”.

"Las evaluaciones no pueden ser arbitrarias"

En su iniciativa la eurodiputada jeltzale recuerda que los reglamentos europeos sobre seguridad aérea que obligan a realizar estas evaluaciones, el 300/2008 y 185/2010 incorporan garantías para “que estas evaluaciones no puedan ser arbitrarias” y para que “los sujetos de la mismas tengan derecho a conocer los datos en que se basan para refutarlos especialmente si, como es el caso, dan lugar a tan graves consecuencias”.

Esta secuencia de hechos lleva a la vicepresidenta de ALDE a sugerir que el origen de este cambio de criterio puede ser de naturaleza política. “Como la víctima de estos hechos desempeña un papel activo en una organización de consumidores cuyas denuncias han ocasionado graves molestias a determinadas autoridades se incrementan las sospechas de arbitrariedad e injusticia en la decisión”, concluye.

Por estas razones Izaskun Bilbao Barandica solicita que la Comisión Europea aclare si las disposiciones comunitarias aplicadas en el caso “permiten este grado de arbitrariedad e indefensión”. Además, quiere que el ejecutivo comunitario se interese por “las instrucciones emitidas para aplicar estos reglamentos en el Estado Español” para revisarlas y en su caso modificarlas e impedir que puedan repetirse casos como el descrito.