Agiriak
Iritzia
2005/12/18
El convenio: ¿una herramienta eficaz?
Diario de Noticias
Empiezo por reconocer que me siento ante el ordenador con la sensación -serán resquicios de mi profesión periodística- de que me enfrento a un asunto que a todo ciudadano medio le resulta, nos resulta, un auténtico ladrillo : el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
Primero, porque parece que el tema perteneciera a esos estadios de economía ajena a lo doméstico; segundo, y fundamental, porque son tantos años escuchando hablar sobre las bondades incuestionables del texto, que cualquier duda en torno a su articulado parecería un ejercicio de negación del sistema de bienestar.
Pero no es así. Ni la primera ni la segunda de las premisas se cumplen.
La primera, porque leyes como ésta, que regula las relaciones económicas del Estado español con Navarra, son las que dibujan el escenario económico en el que finalmente se moverá nuestra sanidad, educación, seguridad, etcétera.
La segunda… De la segunda tuve buena cuenta el pasado miércoles, en Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Empezaré por contar el origen de esta historia: Hace una semanas, el Grupo Vasco en el Congreso ha tenido oportunidad de firmar un acuerdo con el Gobierno central por el que financiar conjuntamente una infraestructura de envergadura -la alta velocidad ferroviaria-; un pago que corresponde al Ejecutivo de Zapatero. La parte que adelante el Gobierno Vasco, según el acuerdo firmado por PNV y PSOE, será descontada del cupo -del correspondiente pago anual a las arcas del Estado-.
Es desde luego una fórmula razonable y efectiva para desbloquear algunas obras de infraestructuras de importante envergadura que desde hace tiempo duermen en los cajones de los ministerios bajo el parapeto del problema de financiación en los casos de los territorios forales, Gipuzkoa, Bizkaia, Alava y Navarra.
Así que tras el acuerdo, la reflexión era evidente: ¿Por qué lo conseguido para estos territorios forales no es posible para la Comunidad Foral?
Y producto de esa reflexión, la pregunta que registró el pasado 5 de diciembre y formuló el pasado 14 Nafarroa Bai en el Congreso: "¿Está dispuesto el Gobierno a utilizar fórmula financiera similar a la prevista en la adicional cuarta del Concierto Económico para eventuales obras en Navarra?".
La nuestra era una reflexión evidente que también provocó, según hemos conocido, una carta del presidente del Gobierno foral a la ministra de Fomento, solicitando un mismo sistema de financiación.
Pero todavía más: el pasado miércoles, el consejero de Obras Públicas insistía en solicitar la misma fórmula para la alta velocidad ferroviaria en Navarra. Eso sí, el señor Miranda se despachó con un final de declaraciones en las que avisaba al Gobierno de Zapatero de que si no se logra un acuerdo como el del Gobierno Vasco, "sería un motivo muy serio de crisis entre las dos administraciones".
Claro, lo fácil pero dudosamente aceptable hablando en términos políticos es culpar de antemano a la otra parte.
Lo serio, lo serio señores Miranda y Sanz para con los intereses generales de los hombres y mujeres de Navarra, es empezar por reconocer lo que a esta diputada le respondió el vicepresidente del Gobierno, el señor Pedro Solbes: no es posible aplicar a Navarra una herramienta financiera que el Convenio navarro no contiene.
En definitiva: ¡Un fiasco!
El Concierto de la Comunidad Autónoma Vasca contiene esa herramienta -la adicional cuarta- que prevé una financiación adelantada con cargo a cupo -pagar el Gobierno autonómico lo que corresponde al Central, para luego ser descontado del cupo-.
¿Y el Convenio navarro? ¿Tiene algún punto de estas características? No. No, ni nada que se le aproxime.
Así que mientras el presidente Sanz se lanzaba una vez más a su singular relación epistolar con el Gobierno Zapatero, y el consejero Miranda optaba por la amenaza de crisis institucional, otros hemos preferido empezar a desbrozar un camino mal delineado -a la vista de lo ocurrido el pasado miércoles en el Congreso- hace ya unos años.
¿Cómo solucionar este serio problema? ¿Dónde está la responsabilidad?
Yo quiero empezar por apelar a la voluntad política del Gobierno central, tan obligados como nosotros, los representantes navarros, a velar por los intereses generales y el desarrollo económico y social. Y obligados, por tanto, a buscar una salida a fórmulas de financiación que a las dos administraciones convengan, dado que con otras entidades autonómicas se ha conseguido.
No me sirve señor Solbes, ni a mí ni a ningún ciudadano, que me diga que hechos de justicia no son posibles porque las normas no los contemplan: hablemos para superar las limitaciones de esas normas, eso es talante.
Pero el intento de solucionar las cosas, las apelaciones a la voluntad política de Madrid, no oculta el problema.
Ya en casa, no podemos ni debemos dejar de denunciar las carencias que tenemos los navarros: la incapacidad que supone para cualquier representante navarro tener las manos atadas ante la falta de herramientas que en este sentido supone el Convenio.
¿Los responsables de esta falta de herramientas?
Los autores del texto de la Ley.
Por cierto, aquellos mismos que creen que hacer política se reduce a la simpleza de preguntarnos eternamente a algunos si somos vascos o navarros .
Con políticas como ésta no se construyen carreteras, no se soluciona nuestro grave problema de aislamiento ferroviario, no se consolidan nuestra agricultura y ganadería, no se construyen sistemas universales de sanidad y educación…
Pero no hay miedo a responder una vez más, y cuantas haga falta, a su incapacidad para hacer otra cosa: miren, señores, yo sí soy navarra… Lo que ocurre es que en casos como éste añoro sin complejos tener la misma capacidad que el resto de los vascos.
En cualquier caso, y al margen de posiciones ideológicas y personales, el lamentable hecho del pasado miércoles en el Congreso pone de manifiesto la necesidad de un cambio político en Navarra. Un cambio que va mucho más allá de un simple recambio de siglas; un cambio en la manera de trabajar de parte del estamento político que debe mirar por encima de todo -por encima de intereses endogámicos- a las necesidades de los ciudadanos. A ello contribuiría, desde luego, hacer del Convenio una herramienta más eficaz.
* Uxue Barkos es Diputada de Nafarroa Bai
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