La vecina Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado durante el mes de diciembre unas jornadas conmemorativas del 25 Aniversario de la recuperación del Concierto Económico. El general Franco privó en 1937 a Gipuzkoa y a Bizkaia de su régimen hacendístico en un ignominioso decreto en el que las calificaba de "traidoras" al alzamiento militar, lo que a contrario suponía lealtad al régimen republicano entonces vigente.

En los actos programados tomaron parte algunos protagonistas del proceso de recuperación, singularmente los negociadores del Gobierno central y autonómico. Lamentablemente el presidente Suárez no pudo ocupar la tribuna del Kursaal donostiarra, ni tampoco Jaime García Añoveros, el ministro de Hacienda de la época, ya fallecido. Sí estuvo presente Rodolfo Martín Villa, que tanta información reservada posee sobre lo que aconteció en esta tierra durante los primeros años de la Transición. Y Carlos Solchaga, nuestro paisano, de contradictoria postura en materia de conciertos y convenios. Del lado vasco participaron Carlos Garaikoetxea, el lehendakari en la época, muy comprometido con la recuperación del Concierto, y Pedro Luis Uriarte, brillante consejero de Hacienda y cabeza del equipo negociador. También tuvimos la oportunidad de escuchar la exposición de Juan Cruz Alli sobre el Convenio navarro. Fue mucho lo que se pudo aprender en las sesiones y en el amable intercambio de opiniones. La iniciativa ha contribuido a extender la conciencia de que no hay autogobierno válido si no está respaldado por una Hacienda autónoma y responsable, algo que en Cataluña se ha comprendido bien, aunque posiblemente tarde.

De entre las muchas consideraciones a hacer, hay dos que quisiera destacar hoy. Mirando al pasado, la estrecha relación entre el Concierto Económico y el Convenio navarro. Y fijándose en el futuro, la solidaridad necesaria para la saludable supervivencia de ambas instituciones ante los retos que se vienen encima, singularmente en el Estado y en Europa.

El acomplejamiento general que ha suscitado el ataque antivasquista, agresivo y sostenido, de los últimos 25 años, ha convertido en algo vergonzante lo que en otro tiempo era algo natural en la sociedad navarra. Me refiero a la idea de que se compartían unos valores culturales y de otro orden, y un cierto modo de enfrentarse a la realidad pasada. Es obvio que no se puede hacer historia de Navarra a partir de la Revolución francesa, e incluso desde el acceso al trono de los Borbones -como lo ha mostrado Rodríguez Garraza-, sin tener en cuenta una política común del Gobierno central respecto de las llamadas provincias exentas . Y en este orden, la hacienda ha sido el capítulo fundamental.

Para entender la auténtica excepción al principio de unidad constitucional que supuso el artículo 24 de la Ley de Fueros de 1841 referente al régimen fiscal, hay que tener en cuenta que el Gobierno de la Reina quería oponer el dúctil comportamiento de los negociadores navarros (para muchos coetáneos, abandonaron en el camino el bagaje regnícola) con la inflexibilidad de nuestros vecinos del Este. El texto de Tejada Valdosera de 1877, primer esbozo de juridificación del Convenio Económico, tuvo mucho que ver con la imposición de la unidad constitucional en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia por el presidente Cánovas. Sabemos que éste no creía en el carácter paccionado de la Ley navarra de 1841, y que con gusto la hubiera modificado, pero temió que se extendiera la solidaridad foral entre las cuatro provincias y optó por un retoque de cifras sin alterar el statu quo. La conexión de la suerte de las haciendas forales se manifiesta de nuevo durante la dictadura de Primo de Rivera. El ministro de Hacienda Calvo Sotelo trasladó a Navarra buena parte del resultado de la meticulosa y dura negociación que había llevado a cabo para la renovación del Concierto Económico de las tres provincias en 1925. Se ha dicho que el auténtico origen del Convenio navarro, en su vertiente de juridificación, arranca de este momento. Olvidémonos ahora del general Franco y de su concepción de la foralidad como privilegio ganado por la identificación navarra con el régimen salido de insurrección militar, algo que no nos honra especialmente. Lo cierto es que, tras la recuperación de los Conciertos de Bizkaia y Gipuzkoa en 1981, la trayectoria paralela de las Haciendas forales ha seguido su curso y se ha acentuado la aproximación. En la elaboración del Concierto de ese año los equipos de García Añoveros y Uriarte alumbraron innovaciones muy importantes desde el punto de vista técnico-jurídico que tuvieron en cuenta los progresos del Derecho tributario. E, ineluctablemente, el nuevo Convenio navarro de 1989 incorporó una parte sustancial del aparato conceptual incluido en el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma Vasca. La evolución posterior ha acentuado la convergencia institucional de ambas figuras, como lo acaba de mostrar Mikel Aramburu en una monografía recién publicada. Basta leer en columnas paralelas el articulado de uno y de otro texto.