Resulta curioso que algunos medios escritos del País Vasco comprendieran y justificaran el malestar de los militares españoles, cuando no lo hacen así en otras ocasiones. Esta irrupción de los militares lo consideran lógico porque la discusión sobre el Estatut catalán ahora, y luego será el vasco, ha ido demasiado lejos. Está claro que a estos medios no les interesa la profundización democrática y sí el estatus actual, con todos sus déficit democráticos.

A muchos ciudadanos de este país la actuación de estos militares nos hace recordar la época de la transición y años posteriores en la que el ‘‘ruido de sables’’ hacía que los políticos ‘‘tomaran nota’’ a la hora de redactar el texto constitucional o el Estatuto de Autonomía del País Vasco o Cataluña. No hay duda de que los militares influyeron en los contenidos de la Constitución, siendo prueba de ello el famoso artículo 8 de la Carta Magna mencionado por el teniente general Mena o la imposibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación, reivindicado por representantes vascos o catalanes en las Cortes Constituyentes. Todo ello, causó una elevada abstención en el referéndum sobre la Constitución en el País Vasco.

Pasadas casi tres décadas desde los agitados años de la transición y, sobre todo, desde la incorporación del Reino de España a la Unión Europea, así como a la NATO, pensábamos que los militares españoles habían aceptado e interiorizado, por fin, los principios democráticos. Pero desgraciadamente, parece que no siempre es así, y eso aunque esta vez se les haya apartado discretamente y sin demasiado coste del escenario político.
En pleno siglo XXI no tiene sentido democrático el mantener intacto el denostado artículo 8 de la Constitución. Por ello, el prestigioso semanario "The Economist" de 14-20 de enero de este año, nada sospechoso de impulsar cambios en las constituciones de los países de la Unión Europea, en uno de sus editoriales decía que en los tiempos actuales existen instrumentos democráticos para solucionar problemas como el catalán o vasco, en lugar de sacar a relucir artículos de la Constitución que justifican el uso de la fuerza.

Según el artículo primero de la Constitución la soberanía corresponde a los ciudadanos españoles cuyos representantes forman parte del Parlamento central, y los militares no representan a nadie, ni han sido elegidos pare hacer política y en todo momento deberían estar sometidos al ejecutivo que es el que debe ordenar las tareas que deben realizar. La función de un ejército democrático y profesional es actuar donde considere oportuno el gobierno, sin inmiscuirse en ningún debate sobre leyes, sean éstas sobre estatutos de autonomía o la propia reforma de la Constitución. En suma, no deben tutelar ningún proceso político, sea del signo que sea.

Desgraciadamente los ciudadanos vascos tenemos bastante experiencia en hacer política condicionados por la violencia de las armas. Sin ir más lejos está el maltrecho Acuerdo de Lizarra-Garazi que fracasó por el tutelaje llevado a cabo por ETA. Las cosas había que hacerlas según la conveniencia de la organización militar y no de acuerdo con la voluntad de los partidos políticos de amplia representatividad en la sociedad vasca. No fue así y ETA volvió a las andadas rompiendo el alto el fuego indefinido, alto el fuego que según lo manifestado por uno de sus portavoces en la televisión vasca unas semanas antes se retiraban de la actividad armada y que, en todo caso, quizás al cabo de una generación o más, algunos volverían a coger las armas de no cumplirse las expectativas de este país, siempre según la interpretación de la organización armada.

En el País Vasco, también, todos los planteamientos políticos de la ciudadanía vasca deben ser legítimos, coincidan o no, en algunas ocasiones, con los de ETA; así, una persona puede ser socialista, aunque la mencionada organización armada se autodefina igualmente socialista. Deben ser los partidos políticos vascos, representantes de todos los ciudadanos, con libertad total y sin tutela de ningún tipo, los que arreglen el problema político de los vascos, por lo que ninguna otra organización debe intervenir en la solución de nuestro contencioso. Si nos remitimos a la historia, ésta nos confirma que las soluciones de carácter militar nunca llegan a ser estables.

Últimamente se ha presentado una iniciativa interesante en sede del Parlamento europeo relacionado con el problema vasco. Varios parlamentarios europeos, la mayoría representantes de naciones sin estado y otros pertenecientes a organizaciones de los verdes, han constituido una comisión de seguimiento del proceso político vasco. Esta comisión trata, además de impulsar dicho proceso, de garantizar que éste desemboque en buen puerto; será, en definitiva, un tutelaje civil, para que la solución de nuestro problema sea la más justa posible y ello suponga una profundización en la democracia de nuestro país. Lo deseable, sin ningún género de dudas, sería que en esta comisión participaran miembros de todos los grupos políticos y el tutelaje del proceso lo aceptaran tanto las fuerzas políticas vascas como los partidos de ámbito estatal, aunque vista la deriva de uno de ellos, una solución democrática estable es difícil esperar.

En definitiva, la única tutela necesaria en el proceso vasco debe ser civil y estar aceptada por los representantes de la soberanía de los ciudadanos vascos. Lo contrario, además de antidemocrática, no solucionará de manera estable el contencioso político vasco, como tampoco lo consiguió el general Franco incluso utilizando medios terroristas.