Entrevistada en ‘Gabon’ de Onda Vasca, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que el Ejecutivo foral convocó el acto oficial de reconocimiento y reparación a las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha o funcionarios públicos para “dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento foral en 2015”.

Solana indicó también que alguna parte de esta ley está suspendida tras “el recurso del Gobierno de Madrid al Tribunal Constitucional, uno más de tantos recursos, pero la parte que hace alusión a la organización del acto de estas características no lo está".

A su juicio, "el propio Tribunal Constitucional (TC) entendió que este acto era perfectamente constitucional y no puso objeción ninguna, por lo tanto, se trata de dar cumplimiento a la ley en este artículo”.

Igualmente, Solana afirmó que “el acto de reconocimiento a las víctimas de violencia policial y de extrema derecha tuvo gran valor”. “El sábado 18 de febrero el Gobierno quiso hacer un acto genérico y simbólico de reparación y reconocimiento de las víctimas, de estas víctimas que sufrieron un tipo de violencia, e igual lo que nos parecía de perogrullo, resultó no serlo tanto”, añadió la portavoz del Ejecutivo.

"El artículo 573 del Código Penal preocupa mucho"

Por otro lado y en relación al procesamiento por terrorismo de tres jóvenes de Alsasua, la portavoz del Ejecutivo señaló que “el pasado jueves en pleno ya se presentó una moción que daba traslado a las Cortes para la revisión de ese artículo del Código Penal -en referencia al 573-, que preocupa y preocupa mucho”.

En este sentido señaló que a día de hoy “numerosos juristas” y “personalidades del mundo académico” ven una clara “falta de proporcionalidad entre lo ocurrido y la sanción, así como en la tipificación penal de terrorismo”.

Respecto al debate de la derogación de la Ley de Símbolos, Solana explicó que “el acuerdo programático recoge la derogación de la Ley de 2003 y aboga por redactar una nueva ley, aunque ahora mismo digamos que se está en la primera fase de derogación, tal y como acordaron las fuerzas que sustentan al Gobierno foral”.

“El Gobierno de Navarra acatará lo que salga de la proposición de ley que se lleve al Parlamento, como debe ser, pero hemos dicho en varias ocasiones que el Ejecutivo foral entiende que frente a políticas prohibitivas, nosotras y nosotros abogamos por la libertad de decisión”, sentenció Solana.