El pasado 15 de octubre se cumplió un año de los fatídicos hechos sucedidos en noche de ferias de Altsasu en 2016 y que se saldaron con dos jóvenes guardias civiles de paisano y sus dos compañeras heridas de diversa consideración. Como todo hecho violento, rechazable y condenable. Igual que cualquiera de los nueve mil y pico episodios parecidos sucedidos ese mismo año en diferentes localidades del Estado español. A partir de ahí toda la conocida serie de hitos  judiciales que han conducido a que tres  jóvenes alsasuarras sigan encarcelados y cumplan ya casi un año en prisión -en lejanas prisiones, por cierto- acusados nada más y nada menos que de terrorismo.

De la misma manera, desde aquel día, el nombre de Altsasu zarandeado por el barro en diversos medios de comunicación españoles de forma injusta. Proyectando una imagen que no se corresponde con una localidad acostumbrada a la convivencia entre diferentes y sin mayores problemas que los comunes de cualquier otra en Navarra. Diferentes procedencias. Diferentes ideologías. Diferentes culturas. Esa ha sido siempre una seña de identidad alsasuarra por su historia y su posición geográfica de “cruce de caminos” como muy bien sabemos los que allí vivimos y hemos tenido responsabilidades locales.  

El pasado lunes, la asociación profesional Unión de Guardias Civiles convocó a los medios de comunicación de Navarra a “una concentración en apoyo a sus compañeros destinados en Altsasu cuando se cumple el primer aniversario de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad”. Minutos antes de esta cita, se personaron sin avisar previamente en el Ayuntamiento acompañados con un cámara y un periodista de un medio digital -OK Diario-, para entregar una carta al alcalde, Javier Ollo. El primer edil les recibió si bien lógicamente los dos periodistas no entraron en la pequeña reunión que celebró con los representantes de la asociación profesional.

Tras la reunión y la concentración, el representante de Unión de Guardias Civiles señaló ante los medios de comunicación que “el propio alcalde ha manifestado su voluntad de integración de los guardias civiles en el pueblo y lo que le hemos pedido es que haga gestos. Que no vale con la voluntad y con lo manifestado, sino que debe ir acompañado de gestos”.

Al día siguiente, el medio de comunicación ‘OKDiario’ hacía público un audio con parte de la reunión entre el alcalde y los representantes de Unión de Guardias Civiles, grabación que se hizo sin autorización. ¿Así trabaja por la convivencia esta asociación profesional? Flaco favor hace a sus representados si va a reunirse con representantes municipales y los graba para, sin su consentimiento, publicarlo luego en un medio de comunicación de sesgo ultra.

Quiero recordar lo que hace casi un año señaló el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández. Dijo estar en desacuerdo con “la manera en que se ha presentado a la población de Altsasu, como una población especialmente complicada y no es así”. Además, advirtió “hay localidades donde la vida para los guardias puede ser más o menos cómoda y la Guardia Civil no se siente especialmente incómoda en Alsasua”.

Sin duda, se ha trabajado y hay que seguir trabajando por la convivencia en Altsasu y en todas las localidades de Navarra pero siempre desde su realidad.  Y distorsionar la realidad, amplificar determinados sucesos mediáticamente de manera artificial y ocultar otros para hacer ver lo que no es, meter cámaras ocultas y micrófonos de tapadillo para dar una determinada imagen sobre la Guardia Civil que interesa dar y que no se corresponde con la realidad quizá –alguien lo debiera pensar–, lo que contribuye es precisamente a retroceder mucho en el recorrido que se había podido dar en la convivencia en Altsasu en los últimos años.

En este sentido, no nos vamos a cansar de pedir proporcionalidad a la hora de tratar judicialmente los hechos y la agresión que ocurrió hace un año en Altsasu. No tiene sentido que sea la Audiencia Nacional quien juzgue estos hechos. Menos sentido tiene aún que se pidan 375 años en total para las 8 personas encausadas y, de la misma manera, es inadmisible que aún estén en prisión por estos hechos tres personas cuando ni siquiera aún se ha señalado juicio.

Proporcionalidad y sentido común es lo que la ciudadanía de Altsasu ha pedido en todo momento y lo que también ha unido a formaciones políticas tan dispares como Geroa Bai, EH Bildu, Goazen Altsasu o PSN en el Ayuntamiento.

El ex juez Baltasar Garzón, el autor de la llamada “teoría del entorno”, -nada menos- advirtió hace meses que calificar lo ocurrido en Alsasua de conducta terrorista “es de una gran inconsistencia jurídica. ETA y sus proyectos desaparecieron” y, también, señaló que “ha costado mucho dolor llegar a la paz: hacerla sostenible es nuestra obligación y no arriesgarla con este tipo de ensayos que, al final, desempoderan a las víctimas y desmerecen la seria y contundente labor previa en el combate contra el terrorismo de ETA”.

“La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”. Esto reza el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales Europea y, siguiendo con él, los tres jóvenes encarcelados por aquellos hechos deberían estar en la calle hasta ser juzgados en Navarra y, por supuesto, no encerrados en prisión a más de 400 kilómetros de sus casas con una petición de condena de 50 ó 62 años de cárcel. Sanción penal justa acorde con la infracción. Eso es lo que se pide. El resto no es justicia. Es otra cosa y desde luego que si se quiere hablar de convivencia, hay que empezar por poner claras las reglas, las leyes y que la justicia sea igual para todos y todas, cuestión que en Altsasu no se está aplicando.

Por Unai Hualde, ex alcalde de Altsasu y presidente del Napar Buru Batzar de EAJ-PNV.