En este informe se considera que la tramitación y aprobación de los convenios urbanísticos de expropiación forzosa de Oncineda y sus anexos "no se adecuan plenamente a la normativa aplicable".

Unai Hualde, parlamentario de Geroa Bai, espera que las conclusiones de dicho informe, que apuntan a que las ex alcaldesas Fernández (PSN) y Ganuza (UPN) no tenían competencia para rubricar los anexos que firmaron, suponga que finalmente dichos documentos puedan declararse nulos. “Estamos ante una situación de enorme gravedad ya que el Ayuntamiento de Lizarra podría tener que hacer frente a unas consecuencias económicas millonarias por encima del doble de su presupuesto ordinario anual. Y todo esto por una  gestión desastrosa y bastante temeraria que se focaliza con bastante claridad en esas las firmas de las ex alcaldesas”, señala.

Hualde además recuerda, tal y como ha hecho el grupo municipal de la coalición en Estella-Lizarra, que los intereses con las dos constructoras “se van acumulando, ya que se están generando unos 50.000 euros de intereses al año, lo cual agrava aún más nuestra preocupación”.