El año 2020 marcó un hito especial para la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El 7 de diciembre de 2020 se cumplieron exactamente veinte años desde que la UE la proclamó en Niza. La Comisión Europea utilizó esa fecha para presentar su nueva Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE, que hace mayor hincapié en la aplicación de la Carta en los Estados miembros y en el papel de los agentes nacionales para que esta tenga efecto en la vida de los ciudadanos.

Es un plan director para emprender nuevas acciones colectivas en los próximos años. La Comisión también fomentó una aplicación más concertada de la Carta en el ámbito de la UE. Entre tanto, su uso por parte de los órganos jurisdiccionales, parlamentos, Gobiernos y otros agentes nacionales siguió arrojando resultados desiguales. La crisis de la COVID-19 ha tensionado la protección de los derechos fundamentales, también ha llamado más la atención sobre el proyecto de ley de derechos de la UE.

Conforme la pandemia de la COVID-19 se iba propagando por todo el mundo, las autoridades de toda la Unión Europea adoptaban innumerables medidas restrictivas para proteger la vida y la salud de las personas. Dichas medidas interfirieron con diversos derechos fundamentales, como el derecho de circulación y el de reunión, el derecho a la vida privada y familiar, incluida la protección de los datos personales, y el derecho a la educación, al trabajo y a la seguridad social. La pandemia y las reacciones que esta desencadenó agravaron los problemas y las desigualdades existentes en todos los ámbitos de la vida, y afectaron especialmente a los grupos vulnerables. También provocó un incremento de incidentes racistas. Un enfoque basado en los derechos humanos para hacer frente a la pandemia requiere medidas equilibradas y basadas en la ley, que sean necesarias, temporales y proporcionadas. También debe abordar los efectos socioeconómicos de la pandemia, proteger a las personas vulnerables y luchar contra el racismo.

Todo esto se recoge en el Informe sobre los Derechos Fundamentales 2021 que redacta la ‘European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)’. El dictamen 1.2 de la FRA dice que los Estados miembros de la UE deben mejorar la resiliencia de sus sistemas sanitarios, de bienestar social y de asistencia social para garantizar que prestan servicios equitativos para todos/as, incluso durante una crisis. Para lograrlo de manera coordinada en toda la UE, debe adoptarse sin demora la propuesta de la Comisión Europea para una Unión Europea de la Salud fuerte. Dicha propuesta tiene por objeto mejorar seriamente la protección de la salud, pero también la vida social y económica en el conjunto de la UE.

Y es que la pandemia que sufrimos ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación de los sistemas de salud, no sólo a nivel Navarra o el Estado, sino también europeo. Europa debe remar en la misma dirección en situaciones de crisis o emergencias sanitarias.

Los Estados miembros de la UE deben centrarse en las necesidades de los grupos vulnerables con mayor riesgo de infección o enfermedad grave. Entre estos grupos se encuentran las personas mayores, las personas que viven en residencias asistenciales, las que padecen patologías previas y las que viven en espacios limitados y saturados o en malas condiciones de vida y vivienda. Este último grupo incluye a un número importante de personas migrantes (también en Navarra), así como a personas que se encuentran en centros de acogida o internamiento para migrantes y refugiados o refugios para personas sin hogar. Esto también pasa por dar prioridad a estos grupos en la vacunación y garantizar que disfruten de un acceso equitativo a los servicios sanitarios y sociales cuando sea necesario.

En Navarra el balance tiene claros y oscuros. Si bien desde el Gobierno se ha intentado dar una respuesta coordinada, bien es cierto que los problemas en la Atención Primaria, el primer nivel de salud se ha dejado notar en numerosas localidades. Y en el acceso a la salud como a tantos otros servicios, los grupos vulnerables se llevan la peor parte.

La crisis económica derivada de la pandemia ha vuelto a impactar en la población más vulnerable y cercana a los umbrales de pobreza, aunque la nuestra sea la Comunidad que presenta la tasa más baja de pobreza en el Estado, con un 12%, según el indicador AROPE.

La tasa AROPE detecta que, en 2020, 79.000 personas residentes en la Comunidad foral estaban en situación de pobreza y/o exclusión social, 2.800 más que el año anterior. Y que se ha roto la tendencia de mejora iniciada en 2015. Asimismo, la pobreza material severa aumenta a un 6,2%, cuando en 2019 era de un 3%.

Desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social han detectado “una cronificación o un estancamiento del volumen de pobreza en Navarra”.

Hasta aquí el balance del virus de la Covid-19 y su impacto social. Ahora quiero hablar de otro virus que sufre nuestra sociedad. Antes mencionaba la situación en la que viven algunas personas migrantes y también el aumento de ataques racistas. Además de luchar por una vida digna muchas personas tienen que soportar ataques xenófobos, de odio e intolerancia. Algo fuera de lugar a las puertas del año 2022 pero que por desgracia se mantiene e incluso crece al calor de las ideas populistas y de ultraderecha que campan por toda Europa. Debemos proteger los derechos de estas personas.

Según el Informe sobre los Derechos Fundamentales 2021 del FRA , el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras siguió siendo una de las situaciones más difíciles de abordar para la UE en materia de derechos humanos. Ejemplos los tenemos bien cerca, vemos como mueren personas ahogadas en el río Bidasoa tratando de cruzar la ‘muga’ a nado en los últimos meses para evitar controles fronterizos. Un problema extendido ya a toda Europa.

Continuaron las muertes en el mar, los retrasos en la asignación de un puerto seguro a los migrantes rescatados y las amenazas contra los barcos de rescate humanitarios (como el Aita Mari). Lo mismo sucedió con las denuncias de devoluciones forzosas y violencia. La Comisión Europea presentó un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de propuestas de Derecho imperativo y documentos de Derecho indicativo que prestan mayor atención a los procedimientos fronterizos y proponen nuevas formas de solidaridad. 

Si estos desplazamientos y tránsitos peligrosos fueran poco, tienen que soportar a una sociedad muchas veces racista, poco empática y poco acogedora allí donde consiguen asilo o un lugar donde vivir con su familia. Dejemos de alimentar al monstruo de la ultraderecha, de la demagogia y el populismo fácil. Nadie abandona su hogar y su país por gusto. Nadie. Como sociedad tenemos por delante un reto fundamental: acoger y acoger con respeto.

Es hora de hacer balance, no sólo para los gestores de la ‘res publica’, también como sociedad tenemos cosas que mejorar, nos falta empatía, tolerancia y escucha. Ahora que entramos en el 2022 creo que, al menos en Navarra, tenemos tres retos importantes para este nuevo año: reforzar nuestro sistema sanitario, mejorar la vida de las personas más vulnerables y ser una sociedad más acogedora. Seguro que mejoramos. Feliz año a todas y todos.

El autor es Andoni Serrano Zabalza, concejal de Geroa Bai en Zizur Mayor y Burukide de EAJ-PNV Nafarroa